Colorado franza la idea de abolir las comisiones de tarjetas: un golpe a los puntos de recompensa
El gobernador de Colorado, Jared Polis, ha vetado un proyecto de ley que habría buscado eliminar las comisiones por transacción de tarjetas de crédito, una medida que podría haber desestabilizado la economía del estado y, lo que es más preocupante para los consumidores, amenazar la existencia de programas de recompensas de tarjetas.
Un obstáculo para la innovación y la seguridad
La ‘Ley de Comisiones de las Redes de Tarjetas’ habría prohibido cobrar comisiones por la parte imponible de una transacción con tarjeta. Esto, en teoría, obligaría a los usuarios a recurrir a múltiples métodos de pago para cada compra, generando un caos logístico y una pérdida de eficiencia. Pero hay un detalle: esta medida, lejos de ser una solución, podría haber creado un vacío legal y un riesgo legal considerable para las empresas de Colorado.
Polis, con la precisión de un ex director deportivo, argumentó que el proyecto de ley presentaba un riesgo legal demasiado elevado para el entorno empresarial y la protección de los consumidores. Y no es que se preocupe por el bolsillo del ciudadano; la cifra habla por sí sola: las comisiones de procesamiento de tarjetas, que actualmente representan más del 2% del coste total, financian la lucha contra el fraude, cubren los costes de los bancos emisores y, crucialmente, permiten que los usuarios disfruten de los valiosos programas de recompensas que TPG y otras plataformas como la mía, han convertido en una realidad.
Illinois, un caso de estudio (y una advertencia)
Esta decisión llega en un momento crucial, en el que estados como Illinois han intentado implementar medidas similares, con resultados desastrosos. El proyecto de ley, una suerte de eco del ‘Credit Card Competition Act’ a nivel federal, se enfrenta a una fuerte resistencia. En Illinois, por ejemplo, la ‘Ley de Prohibición de Comisiones de Intercambio’ (IFPA), aprobada hace dos años, ha sido objeto de una orden judicial permanente que impide su implementación tras una serie de complicaciones legales y legislativas. Colorado, evidentemente, ha aprendido de este error.
El veto de Polis es, sin duda, una victoria para los consumidores y para la estabilidad del sistema de pagos. Brian Kelly, fundador de TPG, lo ha calificado como un ‘win’ importante. Y no es una exageración. Millones de estadounidenses dependen de los programas de recompensas para financiar sus viajes y mejorar sus finanzas personales. Este tipo de iniciativas, disfrazadas de ‘justicia social’, solo servirían para generar confusión y, en última instancia, eliminar las ventajas que todos hemos aprendido a valorar.
Colorado ha demostrado, con claridad, que la innovación y la eficiencia no se logran mediante la imposición de restricciones artificiales, sino mediante la creación de un entorno favorable al crecimiento y la competencia. La apuesta de Polis es inteligente y, estoy seguro, beneficiará al estado a largo plazo. No se trata de defender los intereses de una marca, sino de proteger el bolsillo del ciudadano y la viabilidad de sistemas que, paradójicamente, nos permiten obtener beneficios.